Foto: Archivo / EL TIEMPO
Los peritos, dice el IDU, se han excedido en avaluar predios para construir TransMilenio. El Sena, el Icontec, Fedelonjas y la Sociedad Colombiana de Avaluadores buscan capacitarlos. Hay más de 5 mil.
En los juzgados del circuito aún están en curso 332 procesos de este tipo, que involucran terrenos en los que se han desarrollado diferentes obras.
Algunas de ellas, como el parque Tercer Milenio, la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), las troncales de Suba y Norte-Quito-Sur (NQS), la alameda El Porvenir y la ampliación de la calle 53.
Por ejemplo, por el predio en el que se levantó la estación de TransMilenio en Suba, en el 2006 el IDU tuvo que pagar 10.526 millones de pesos, según el avalúo del perito del Juzgado 28 Civil de Bogotá. Inicialmente, el mismo predio había sido avaluado por el Distrito en 2.615 millones de pesos.
Todos estos procesos de expropiación por vía judicial que afronta el IDU surgieron antes de 2004, y la mayoría data de 1998 y 1999.
Esta situación -que tiene en riesgo las finanzas del Distrito- hizo que la directora de la entidad, Liliana Pardo, alertara sobre la actuación de los peritos judiciales y la demora en los procesos, desde hace más de un año, a la Contraloría Distrital, la Personería de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y al Zar Anticorrupción.
"Los casos son dicientes -dice Pardo-. Hay falta de competencia e idoneidad en algunos de los auxiliares de la justicia, que no están en capacidad de asumir con imparcialidad y solvencia la tarea de avaluar judicialmente un inmueble".
Casos
Según el perito del Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) debe pagar 101.397 millones de pesos por el predio que utilizó para construir la avenida La Esperanza, entre carreras 50 y 68, en el occidente de la ciudad.
El proceso de expropiación de este terreno se ha demorado casi nueve años y ahora la diferencia en el valor comercial del terreno es de más de 100.700 millones de pesos, con respecto al avalúo inicial que hizo el IDU en 1999 (660 millones de pesos). Obviamente, la objeción del IDU ante el juez no se hizo esperar.
Pero este es solo un ejemplo de los 252 casos en los que el IDU ha estado sometido por los peritos judiciales que avalúan inmuebles en cifras descomunales por la expropiación de predios para construir vías, parques y alamedas en Bogotá.
Decisiones de única instancia
Pero apenas hace dos semanas el contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi, mostró su preocupación al respecto: "No se entiende cómo un juez admite pruebas periciales tan desproporcionadas".
Para Moralesrussi, se trata de una "mano siniestra" que se enriquece por cuenta de las obras del Distrito.
De los 332 procesos que tiene pendientes el IDU, 277 todavía esperan a que el juez decida el peritaje, y no existe un cálculo de lo que tendría que pagar de más la entidad en razón de las decisiones judiciales.
La directora del IDU advierte que los valores de los peritos judiciales no cuentan con sustento técnico ni jurídico, ni corresponden a los precios comerciales vigentes en Bogotá.
"Aunque objetamos los avalúos con argumentos técnicos, en todos los casos se ha confirmado la decisión del perito, y estos son procesos de única instancia que no se pueden apelar", agrega la funcionaria.
Por 199 procesos de expropiación judicial, el IDU ya ha pagado 20 mil millones de pesos.
Entre estos también se destaca el pago de 2.275 millones de pesos por un predio en la calle 94 con autopista Norte, que había sido avaluado por el IDU en 548 millones de pesos, y que hoy es espacio público.
La actuación de los peritos no solo es cuestionada por la directora del IDU, sino también -desde hace varios años- por parte de los entendidos en la materia.
Debido a esta serie de problemas, desde el 2003 el Distrito implementó la expropiación por vía administrativa. El avalúo de los predios ahora lo hace una lonja contratada por el IDU.
Cualquiera puede ser avaluador
Gloria Bonilla, presidenta de la Cámara de la Propiedad Raíz, dice que "los peritos judiciales desconocen las normas, engloban los avalúos y en muchos casos dictaminan el valor que se les ocurre". Los peritos deben ser ingenieros o arquitectos y con experiencia en expropiaciones para obras de utilidad pública.
El presidente ejecutivo de la Sociedad Colombiana de Avaluadores, Héctor Duarte, dice: "Son una piedra en el zapato y sin interés en capacitarse".
Los avaluadores judiciales son escogidos entre una lista de postulados ante el Consejo Superior de la Judicatura. "Tienen que certificar experiencia y matrícula en la Superintendencia de Industria y Comercio, pero ante esta entidad se inscribe cualquier persona -agrega Duarte-. Nosotros tenemos en ese registro a una empleada doméstica como avaluadora de aviones y barcos".
En los juzgados del circuito aún están en curso 332 procesos de este tipo, que involucran terrenos en los que se han desarrollado diferentes obras.
Algunas de ellas, como el parque Tercer Milenio, la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), las troncales de Suba y Norte-Quito-Sur (NQS), la alameda El Porvenir y la ampliación de la calle 53.
Por ejemplo, por el predio en el que se levantó la estación de TransMilenio en Suba, en el 2006 el IDU tuvo que pagar 10.526 millones de pesos, según el avalúo del perito del Juzgado 28 Civil de Bogotá. Inicialmente, el mismo predio había sido avaluado por el Distrito en 2.615 millones de pesos.
Todos estos procesos de expropiación por vía judicial que afronta el IDU surgieron antes de 2004, y la mayoría data de 1998 y 1999.
Esta situación -que tiene en riesgo las finanzas del Distrito- hizo que la directora de la entidad, Liliana Pardo, alertara sobre la actuación de los peritos judiciales y la demora en los procesos, desde hace más de un año, a la Contraloría Distrital, la Personería de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y al Zar Anticorrupción.
"Los casos son dicientes -dice Pardo-. Hay falta de competencia e idoneidad en algunos de los auxiliares de la justicia, que no están en capacidad de asumir con imparcialidad y solvencia la tarea de avaluar judicialmente un inmueble".
Casos
Según el perito del Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) debe pagar 101.397 millones de pesos por el predio que utilizó para construir la avenida La Esperanza, entre carreras 50 y 68, en el occidente de la ciudad.
El proceso de expropiación de este terreno se ha demorado casi nueve años y ahora la diferencia en el valor comercial del terreno es de más de 100.700 millones de pesos, con respecto al avalúo inicial que hizo el IDU en 1999 (660 millones de pesos). Obviamente, la objeción del IDU ante el juez no se hizo esperar.
Pero este es solo un ejemplo de los 252 casos en los que el IDU ha estado sometido por los peritos judiciales que avalúan inmuebles en cifras descomunales por la expropiación de predios para construir vías, parques y alamedas en Bogotá.
Decisiones de única instancia
Pero apenas hace dos semanas el contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi, mostró su preocupación al respecto: "No se entiende cómo un juez admite pruebas periciales tan desproporcionadas".
Para Moralesrussi, se trata de una "mano siniestra" que se enriquece por cuenta de las obras del Distrito.
De los 332 procesos que tiene pendientes el IDU, 277 todavía esperan a que el juez decida el peritaje, y no existe un cálculo de lo que tendría que pagar de más la entidad en razón de las decisiones judiciales.
La directora del IDU advierte que los valores de los peritos judiciales no cuentan con sustento técnico ni jurídico, ni corresponden a los precios comerciales vigentes en Bogotá.
"Aunque objetamos los avalúos con argumentos técnicos, en todos los casos se ha confirmado la decisión del perito, y estos son procesos de única instancia que no se pueden apelar", agrega la funcionaria.
Por 199 procesos de expropiación judicial, el IDU ya ha pagado 20 mil millones de pesos.
Entre estos también se destaca el pago de 2.275 millones de pesos por un predio en la calle 94 con autopista Norte, que había sido avaluado por el IDU en 548 millones de pesos, y que hoy es espacio público.
La actuación de los peritos no solo es cuestionada por la directora del IDU, sino también -desde hace varios años- por parte de los entendidos en la materia.
Debido a esta serie de problemas, desde el 2003 el Distrito implementó la expropiación por vía administrativa. El avalúo de los predios ahora lo hace una lonja contratada por el IDU.
Cualquiera puede ser avaluador
Gloria Bonilla, presidenta de la Cámara de la Propiedad Raíz, dice que "los peritos judiciales desconocen las normas, engloban los avalúos y en muchos casos dictaminan el valor que se les ocurre". Los peritos deben ser ingenieros o arquitectos y con experiencia en expropiaciones para obras de utilidad pública.
El presidente ejecutivo de la Sociedad Colombiana de Avaluadores, Héctor Duarte, dice: "Son una piedra en el zapato y sin interés en capacitarse".
Los avaluadores judiciales son escogidos entre una lista de postulados ante el Consejo Superior de la Judicatura. "Tienen que certificar experiencia y matrícula en la Superintendencia de Industria y Comercio, pero ante esta entidad se inscribe cualquier persona -agrega Duarte-. Nosotros tenemos en ese registro a una empleada doméstica como avaluadora de aviones y barcos".
DAVID ACOSTA M.REDACTOR DE EL TIEMPO
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